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Micropolítica y el vocabulario del feminicidio

Micropolítica y Eficacia Performativa del Vocablo Feminicidio:
Lourdes Enríquez
Como parte del análisis teórico que corresponde a esta mesa, queremos introducir una lectura discursiva de la constitución del “feminicidio” como término importado del vocabulario de las estrategias de resistencia.
La propuesta que hacemos es sostener el debate inter y transdisciplinario sobre la eficacia performativa del vocablo “Feminicidio”. Pensamos que la noción se acuñó como una contribución al debate entre saberes de la academia y saberes de la lucha y como tal hay que tratarla.
Comenzamos estas consideraciones por un imperativo -este imperativo cruza las fronteras disciplinares y señala una urgencia política contemporánea- se trata de examinar el vocabulario que circula en un ámbito micropolítico, tal como fue descrito por Deleuze, al que podríamos llamar ámbito del activismo de género, para después contrastarlo con los conceptos que ordenan lo macropolítico, que es el campo de acción de la filosofía política y de algunas ciencias sociales.

El ámbito macropolítico se refiere a un ejercicio de política soberana y representativa, ya suficientemente puesta en cuestión en los trabajos de Foucault, que fundándose en la identidad del individuo o de la nación, produce y reproduce aquello de lo que dice originarse: esto es, la identidad. En consecuencia el ejercicio de política que domina este ámbito procede mediante demandas de exclusión e inclusión, en lo visible y en lo decible, es decir que se lleva a cabo mediante una constante actividad de conteo. Como aclara Rancière, se trata de ser contado en el orden de lo sensible y entre los que cuentan, ser visible entre los visibles. En este ámbito práctico-instrumental-identitario, que incluye ejercicios y saberes de conteo, la igualdad política se decide desde la relación tensional entre prácticas de inclusión y de exclusión, discursivas y no discursivas.
Lo micropolítico, por otro lado, se refiere a un ámbito procesual es decir, no instrumental y no identitario, de ciertas prácticas que son discursivas y no discursivas, colectivas e individuales que atravesando lo macropolítico dan lugar a experiencias problematizadoras y críticas.
El activismo de género al que queremos referirnos pertenece a la dimensión micropolítica. Funciona mediante estrategias de resistencia contra las tecnologías que son biopolíticas tanto reguladoras como disciplinarias y contra las técnicas necropolíticas, como es el caso de los feminicidios.

Derivada del debate entre el activismo de género y del trabajo de reelaboración teórica del feminismo de los últimos años, emerge la cuestión decisiva de la eficacia del vocabulario que se usa en el debate.
El debate generado a partir del término “feminicidio”, apunta a su uso jurídico hacia la posibilidad de legislar y/o litigar. Se da por descontado que si el discurso feminista, académico o del activismo, aprueban su uso, será en función de una demanda de operatividad dirigida a la autoridad y a los aparatos de Estado, para indiciar a los culpables, y castigarlos ejemplarmente con el fin de impedir que se repita este tipo de violencia.
Por el contrario, consideramos que al interrogar la eficacia retórica del uso del vocablo, nos podremos desplazar de la práctica jurídica (cuya acción es macropolítica, es decir, limitada por la vigencia de un marco moral abstracto) hacia una repolitización del discurso con perspectiva de género que suspende la ética en función de una política. Una política de visibilización del problema y de sensibilización en contra de la violencia misógina a él asociada. Este análisis micropolítico no muestra la verdadera identidad del concepto o la ausencia de una verdadera esencia descriptiva, según sostienen algunos, sino su eficacia operativa. Es decir, lo que acontece por el uso de la expresión en contextos específicos.
Primero vamos a hacer algunas precisiones sobre lo jurídico.
Conviene distinguir por un lado, el dominio de la finalidad jurídica y por el otro, el ámbito de operación de la ley. Se entiende por finalidad jurídica el preservar la justicia en la convivencia social mediante acciones preventivas y punitivas instrumentadas por leyes, normas y reglamentos.
Lo anterior se ha expuesto en todos los códigos que han normado la conducta humana desde la antigüedad hasta nuestros días.
En el ámbito de la operación, se identifica a la ley con su interpretación que infiere el paso de lo general a la situación particular, este paso se realiza a través del aparato judicial configurado por tribunales con jueces y juezas, magistrados y magistradas, la suprema corte y sus ministros y ministras, el aparato policíaco, y los ministerios públicos. Así como la normatividad, y el diseño de las políticas públicas y sus reglamentos que sensibilizan, educan, capacitan, instauran la transversalidad de género, etc. Cabe aclarar que no se logra una adecuación con lo legislado, porque estos aparatos de estado no funcionan de la misma manera, es decir, no son homogéneos y menos aún simétricos y su implementación modifica notoriamente la dimensión de las finalidades de la ley. Es importante referirnos también, a la falta que han cometido los gobiernos al no armonizar a la legislación nacional, los tratados internacionales que se han suscrito en materia de violencia contra las mujeres.
Es prudente entonces, que al referirnos a la cuestión del vocablo “feminicidio” tomemos en cuenta lo que éste opera en el marco legal y la instrumentación del mismo. La prudencia es un procedimiento jurídico, una lógica de lo singular a lo general. Es un procedimiento de fuerzas retóricas que buscan oportunidad.
Este funcionamiento de la palabra que hemos detallado, la definiremos como eficacia performativa. Entendiendo por performatividad, una fuerza o poder por el cual algo tiene lugar por el sólo hecho de decir o enunciar una palabra en ciertas condiciones prácticas de discurso, en nuestro caso es la palabra “feminicidio”.

No opera igual la expresión cuando es usada en el contexto de una ley, que cuando es utilizada para levantar una denuncia ante el ministerio público, para querellarse en un proceso litigioso, tratar con la policía, que cuando el vocablo es utilizado en los medios masivos de comunicación, en los informes gubernamentales o no gubernamentales, en un debate parlamentario, en recomendaciones al gobierno de organismos internacionales sobre derechos humanos, o cuando se solicita que se imponga un estado de alerta por violencia feminicida en una entidad de la República.
Como puede testimoniarse, la palabra “Feminicidio” tiene el poder de dar lugar y pie a comportamientos diversos. Recordemos que se testimonia en primera persona del singular o plural desde la experiencia directa de testigo. Para ejemplificar esto, la palabra “feminicidio” usada en un ejercicio o práctica de capacitación de algún grupo o comunidad específica suele generar incomodidad: se trata de una incomodidad corporal ante la ausencia de una definición precisa pero también se suma a ella otro tipo de incomodidad. Esta última se expresa como síntoma violento de incomprensión (pasaje al acto), como podría ser el no querer escuchar, el mostrar evasión. La palabra “feminicidio” violenta el ejercicio regular de los comportamientos respecto al sexo y a los roles de género, es decir a las prácticas de subjetividad macropolíticas de la normatividad sexual. Esta violencia no es nada comparada con la violencia de género que la palabra intenta describir. De hecho, pese a lo que quien la acuñó argumenta, la palabra no describe con transparencia nada, como nos los va a explicar la Dra. Ana María Martínez de la Escalera en su ponencia.
El poder del vocablo “feminicidio” está en lo que visibiliza (desenmascara el patriarcado como una institución que se sustenta en el control del cuerpo y la capacidad sádica sobre las mujeres)…

Feminicidio:algunas anotaciones críticas

Ana María Martínez de la Escalera

Deseo señalar la importancia decisiva que en los últimos tiempos ha cobrado el análisis de la eficacia del discurso, sin duda derivada del debate ocurrido entre los numerosos activismos de género, y también del trabajo de reelaboración teórica del feminismo cuyo fin ha sido dotar a esos debates de un vocabulario común, claro, suficiente y político. El análisis del vocabulario del feminicidio se consagra a esa dimensión o fuerza eficaz ─operativa y performativa─ del discurso con perspectiva de género. Eficacia no es, por cierto, eficiencia. [1]
Esta eficacia operativa se evalúa únicamente en función de la oportunidad –kairós- de un uso; por lo que siempre exige una toma de decisión entre posibles y diferentes estrategias.
Apuntaremos que en el caso del vocabulario del feminicidio las estrategias de las que hablamos re-politizan el debate entre las diversas perspectivas de género más allá de la mera competencia jurídica de la noción. Esta re-politización sucede cuando se introduce la dimensión histórica al análisis de la división sexual del trabajo con el resultado de que se desnaturaliza la noción de género. Re-politizar es explicar cómo se produce la división sexual del trabajo y cómo se han establecido relaciones históricas entre ella y la división del trabajo capitalista. El vocabulario del feminicidio propone que la violencia de género, presente en las prácticas de división sexual del trabajo, no es provocada por circunstancias aleatorias (subjetivas o sociales) sino por prácticas estructurales y complejas de dominación. La complejidad explica como se yuxtaponen o sobredeterminan las formas de dominación económicas a otras relaciones de poder.
Se descubre la eficacia del vocabulario del feminicidio para el debate con perspectiva de género entre feministas, activistas o científicos sociales cuando se pone de manifiesto que procedimientos histórico-políticos son utilizados para naturalizar lo que en realidad –desde la perspectiva de género- es una producción histórica. Ambos discursos: el que ostenta una perspectiva de género y el ortodoxo, toman postura respecto a la división sexual del trabajo. Esta postura puede ser entendida como el uso de procedimientos de apropiación y expropiación de vocabularios para el análisis y sus efectos de poder y de verdad. Mediante procedimientos determinados se interviene lo que se describe, se impone una dirección a la interpretación y se muestra que en este campo de problemas, siempre se describe una perspectiva[2] (ortodoxa, sometida, subalterna, etcétera).
Podremos decir que algo sucede cuando se afirma el carácter local de la crítica implementada por el vocabulario. Ese acontecimiento se presenta como una “insurrección de los saberes sometidos” que mezcla los conocimientos eruditos (reconstrucción) con las memorias de la lucha local de los activismos de género en y fuera de la academia. El resultado es un saber crítico (contra los efectos de poder centralizadores de las instituciones académicas y el funcionamiento de un discurso científico o jurídico organizado por una sociedad como la nuestra), y por ende es insurrecto, político, histórico y genealógico; por lo mismo es provisional en función del sentido o dirección de las luchas dentro y fuera de las disciplinas.

La denuncia es el segundo modo de eficacia que estudiamos. Esta tiene lugar en la constitución del espacio público y en el papel que en ella toman los medios de comunicación. La denuncia detenta una fuerza de oportunidad muy singular. Más que ser insurrecta o llamar a la insurrección la denuncia torna el espacio público en un espacio democrático de discusión. Vuelve activo lo que suele ser pasivo en la administración de la información. Vuelve plural lo que suele ser, además, ortodoxo, vertical, medido por la actualidad, etcétera. La denuncia también desarticula efectos de poder institucionales y falocéntricos específicos. Descalifica a aquellos que defienden su carácter natural, intemporal e incambiable. Esta segunda forma que toma la eficacia sería genealógica pues, a partir de las discursividades locales (¿sometidas o subalternas?), introduce al espacio público (más allá del input de las instituciones como los medios de comunicación y la escuela) los saberes y los vocabularios de las partes, liberados de la sujeción institucional, y facilita el debate emancipador y transdisciplinario. Este debate liberador (es decir que admite el libre examen de las decisiones) sólo será posible si permanece a la escucha de lo otro (sin apropiaciones o reducciones de su discurso) sin tratar de ocupar el lugar del discurso académico disciplinar y sus controles.
No habrá mejor eficacia operativa que aquella por la cual, el vocabulario del feminicidio, genere un debate incondicional, más allá de coyunturas específicas, debate cuyo principal poder sea el de producir precisamente el intercambio libre de saberes, tácticas de intervención discursiva y genealogías. El vocabulario se presentará entonces como una “redescripción” puesto que sustituirá la descripción mediática (“muertas de Juárez”), la terminología jurídica, sociológica o su ausencia, por una descripción cuyo valor se politiza al introducir mediaciones –perspectiva de género- entre la palabra y lo que nombra. Estas mediaciones pueden proceder de los discursos sometidos o subalternos identitarios, de procedimientos críticos sin sujeto o de narraciones testimoniales por ejemplo.
Una vez establecida la pertinencia de la perspectiva de género, el feminicidio no nombra la generalidad de la violencia de género sino únicamente a aquellos de sus fenómenos con una dimensión necropolítica. (Mbembe) Es decir que feminicidio no equivale ni puede reducirse a “violencia de género”. Más bien introduce en el análisis una mediación explicativa: la descripción de las maneras de instrumentar la política de la muerte, dirigida hacia una parte de la población por otra parte de la población que hace uso de la impunidad. La impunidad no es la de los culpables, a la que se refiere largamente Rita Laura Segato como consustancial a nuestro régimen de justicia; sino a la manera en que se produce la “normalización” de la violencia de género y su régimen de exclusiones, que ya no asombran a nadie. Se trata en este caso de una normalización sistémica, estructural y compleja en la medida en que identifica el fenómeno sólo cuando se lo aísla de los dispositivos sociales que lo producen -como efecto biopolítico-, para concentrarse en su carácter criminal, producto de una subjetividad enferma o de la perversión de lo social, como por ejemplo la explicación por el narcotráfico. La noción de crimen presupone un marco ético para el cual matar es una desviación de la norma natural. Esta presuposición, que jamás es sometida a un examen, acompaña el recurso a la singularidad extrema o a la generalización más superficial del análisis del crimen de género (como sostuvo Erika Lindig) y agrega a los dos excesos señalados otro abuso: tratar el marco ético de lo jurídico (p.e., el valor absoluto del “no matarás”) como un marco natural y no histórico. Por su parte la fuerza hiperbólica del feminicidio es precisamente la de identificar el carácter general o sistémico (prosopopéyico) frente al circunstancial que acompaña la noción jurídica de crimen.
Otra fuerza operativa, abundantemente trabajada por quien introdujo el término, es la visibilización de la dominación de género. Creo que podemos estar de acuerdo con lo anterior siempre y cuando visibilizar, que implica volver evidente un fenómeno, no se entienda como la intención de llegar a la transparencia misma de lo que sucede, o a la transparencia entre palabra y hecho, sino, como sabemos gracias a la crítica de género, implique más bien una denuncia del dispositivo dominante de ejercicio de la violencia de género que naturaliza la diferencia. Pero aquí la eficacia –el convencimiento, la persuasión-es conseguida gracias a la fuerza del discurso testimonial.[3] La visibilización no vuelve la dominación evidente sino para quien se apropia de la perspectiva de género y de su vocabulario antiesencialista y antibiologicista (no antibiológico). Las preguntas generadas por el debate, ─por ejemplo: ¿Es aplicable el término en español? ¿En qué circunstancias? ¿Posee espíritu jurídico general?─ que apuntan al estatuto epistemológico y jurídico del término, y a su verdad, no deben separarse del aspecto retórico –persuasión, convencimiento, conmoción, etcétera-, o del aspecto político de su enunciación –su hegemonía en el debate feminista o entre el discurso de izquierda- que somete las cuestiones a una nueva voluntad no sometida, las hace participar en un juego de interpretaciones distinto (al disciplinar vigente), y se reapropia nuevas reglas de enunciación (las que rigen la memoria de la experiencia de los oprimidos). El vocabulario del feminicidio es un saber beligerante cuyo interlocutor es el debate mismo y su circunstancia es la lucha contra los aparatos de Estado. Esto es: el vocabulario no se dirige primariamente al estado para exigirle en tanto interlocutor privilegiado el cese de la violencia contra las mujeres. Es otra eficacia la que aquí se apunta, fuera de la lógica autoritaria emisor/destinatario. Esta otra retórica constituye espacios de democratización del discurso, de toma de la palabra y de expropiación de instrumentos de análisis. Es en este sentido, un verdadero ejercicio de política del discurso plural.
En este sentido, al interrogar la eficacia retórica del uso del vocabulario del feminicidio, nos desplazamos de la práctica jurídica (cuya acción es macropolítica es decir limitada por la vigencia de un marco moral abstracto), hacia una repolitización[4] del vocabulario del discurso con perspectiva de género que suspende la (macro)ética en función de un ejercicio democrático estratégico. Este ejercicio de otra política problematiza las premisas que se establecen por anticipado en cualquier teoría de la política que suponen la existencia de un sujeto de lo político, suponen la referencialidad inmediata del lenguaje -(lenguaje y mundo, y no su performatividad- y la integridad u homogeneidad de las descripciones institucionales o macropolíticas que proporciona. Afirmar que la política requiere un sujeto estable es afirmar, al mismo tiempo, que no puede haber una oposición política a esa afirmación. (Butler 1992, 9) La afirmación o el acto de afirmar no es solamente lingüístico sino performativo, produce actos o acontecimientos: en este caso, desacredita como no político, lo que es un acto reflexivo de puesta en cuestión y con ello a quienes lo llevan a cabo. En este caso la crítica feminista antiesencialista es desacreditada como potencial interlocutor político. La afirmación funciona entonces desde un dispositivo de poder u orden del discurso que dispone que es político y qué no lo es, quien puede o no ser interlocutor. Funciona excluyendo y a la vez promoviendo un tipo de discurso desde ciertos criterios de regularidad. Estos tres criterios funcionan como un marco del acto de interlocución y descansan, a su vez, en una exigencia o petición de principios: la de la identidad (del sujeto político, del lenguaje en su relación con el mundo y de las descripciones institucionales –por ejemplo ciudadanía, derechos, género, diferencia sexual, etc.)…

Discurso y violencia. Elementos para pensar el feminicidio

Erika Lindig Cisnero

Pese a la notoriedad mediática que por momentos ha alcanzado el problema del feminicidio en México, particularmente en Ciudad Juárez, se ha logrado poco o nada en cuanto a su investigación y prevención. Cientos de casos de mujeres jóvenes y de origen humilde, que han sido secuestradas, mantenidas en cautiverio y sujetas a prácticas de extrema violencia antes de ser asesinadas y dejadas en lotes abandonados, han sido documentados desde el año de 1993 en esa ciudad. Entre enero y mayo de este año, de acuerdo con cifras de “Nuestras hijas de regreso a casa” y de “Casa amiga”, ha habido por lo menos 17 asesinadas y 30 desaparecidas. Y este es el aspecto más visible del problema en nuestro país. Amnistía Internacional registró otros casos muy graves de feminicidio en por lo menos 10 estados de la república, Morelos entre ellos, como lo muestra también el trabajo de Armando Villegas. Estos datos nos obligan a reflexionar en torno a dos problemas relacionados entre sí. El primero se refiere a la visibilidad del la violencia de género. El segundo, a sus condiciones de posibilidad. Aquí trato de aportar algunos elementos para esta doble reflexión que me parece urgente.

El feminicidio ha sido caracterizado por el pensamiento feminista contemporáneo como el grado más extremo de violencia de género y de otras formas de violencia que laacompañan; y definido por Diana E. Russell como: “el asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres”, es decir, por el mero hecho de serlo.Recientemente el término ha sido incorporado al discurso jurídico mexicano. Las investigaciones de Russel y otras pensadoras han servido en nuestro país, sobre todo, para tratar de explicarlos asesinatos de mujeres que han tenido lugar en Ciudad Juárez desde hace por lo menos 15 años. El fenómeno de Juárez se ha convertido en el paradigma del feminicidio en México, al mismo tiempo que ha dado visibilidad a la violencia de género que prevalece en nuestro país. Esta visibilidad, sin embargo, puede presentarse de distintas maneras, algunas poco deseables en términos políticos.

Para explicar las distintas formas de visibilidad, conviene recurrir al diagnóstico que Jacques Ranciere hace de nuestras democracias liberales. De acuerdo con él, vivimos en regimenes policiacos, gobernados por una ley a la que llama distribución de lo sensible. Una “ley implícita que gobierna el orden de lo sensible, que delimita lugares y formas de participación en un mundo común, estableciendo primero los modos de percepción en los cuales estos se inscriben”. Este régimen produce tanto a los actores políticos como a sus formas, tiempos y espacios de acción, determina “los procesos mediante los cuales se efectúan la agregación y el asentamiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y los sistemas de legitimación de esta distribución”.Esta distribución de lo público siempre se funda en una aporía: por un lado, la suposición de la igualdad de todas aquellas partes que pertenecen a la colectividad, por ejemplo, como ciudadanos; y por otro, la distribución desigual de las formas de pertenencia a esa colectividad. Por eso la distribución de lo sensible implica formas de inclusión y de exclusión. Siempre hay partes de la colectividad que, aun perteneciendo a ella, no toman parte en lo público. Las mujeres históricamente han sido una de esas partes. En el caso específico de los asesinatos de Juárez, Marisela Ortiz (miembro de la organización “Nuestras hijas de regreso a casa”) explica la exclusión de las víctimas de una forma muy elocuente:

La muerte o asesinato de una mujer no tiene gran significado, incluso para la industria maquiladorapues muchas de las mujeres que han sido asesinadas fueron trabajadoras de ahí. La mujer representa un papel mecánico, desechable, en una maquiladora desaparece una mujer y no se hace nada, no hay pronunciamiento ni acciones por parte de los empresarios y al día siguiente otra persona ocupa su lugar y aquí no pasó nada.

Justamente lo que hay que analizar es esa carencia de significado del asesinato de una mujer. Las víctimas, como mujeres pobres, migrantes, sujetas a condiciones de alta explotación, están en una situación de extrema precariedad. Lo que hay que subrayar es que la existencia de estos sectores vulnerables, y de individuos prescindibles desde el punto de vista social, político y económico, no es excepcional, sino constitutiva del orden de lo sensible. Un orden que produce exclusiones y que sienta así las condiciones de posibilidad para que el ejercicio de la violencia se siga reproduciendo impunemente (impunidad sistémica, en palabras de Martínez de la Escalera).

Paradójicamente, los asesinatos de Juárez, decíamos, han cobrado visibilidad en distintos momentos durante los últimos 15 años, hasta convertirse en paradigma, o símbolo del feminicidio en México. Pero se trata de una visibilidad sin consecuencias. Sin duda, las cifras han contribuido a que los feminicidios de Juárez se hayan difundido en los medios de comunicación. Pero estos, salvo por notables excepciones (como el noticiero de Carmen Aristegui, recientemente censurado), responden a los criterios de inteligibilidad, de brevedad y de novedad de las noticias. Estos tres criterios hacen de la “noticia” algo que queda al margen de la experiencia de quien la recibe, de distintas maneras, entre las cuales destaco las siguientes:

  • la simplifican para hacerla breve y comprensible (criterios de brevedad y de inteligibilidad), por ejemplo, hablan de cifras y no dejan lugar para el relato de cada feminicidio singular;
  • la interpretan desde el sentido común (criterio de inteligibilidad), por ejemplo, diciendo que un feminicidio es un “crimen pasional”, remitiéndolo con ello al ámbito de lo privado y excluyéndolo del análisis socio-político (En el periódico El Universal, el 10 de Junio de 2004, aparece la siguiente noticia: los centenares de asesinatos registrados a lo largo de una década en la frontera norte de México, conocido como el caso de las muertas de Juárez, es doloroso y debe ser solucionado, dijo el presidente mexicano Vicente Fox[…] Según datos oficiales, más de 300 mujeres han sido asesinadas en la norteña ciudad sin que se hayan aclarado la mayoría de ellos. Algunos informes policiales señalan la existencia de asesinos seriales y criminales pasionales involucrados en el asunto, pero no existen denuncias de corrupción e investigación deficiente por parte de los cuerpos policiales); o
  • lo tratan como un fenómeno absolutamente excepcional (criterio de novedad), dependiente, por ejemplo, de las circunstancias absolutamente específicas de una región (el narcotráfico y otras formas del llamado “crimen organizado”, la industria maquiladora, la frontera, en el caso de Ciudad Juárez. O también lo tratan como un fenómeno excepcional en el sentido en que sólo ahí confluyen los factores necesarios para que eso suceda. En el Universal del 13 de abril de 2008, aparece una cita del libro de los periodistas franceses Marcos Fernández y Jean-Christophe Rampal, autores de La ciudad de las muertas, que dice “Ciudad Juárez es el laboratorio salvaje de la globalización: allí confluyen todos los factores del lado oscuro de este fenómeno y por eso es allí, y no en otro lugar, donde ha sido posible el tristemente famoso caso de Las Muertas de Juárez”, que comenzó en 1993 con el descubrimiento del primer cadáver y que dura ya 15 años). El tratamiento de la “excepción” produce al menos dos efectos: en primer lugar, oculta las condiciones socio-políticas generales que permiten que la violencia se reproduzca, y en segundo, distancia a los espectadores o lectores de la noticia del problema. No quiero decir, desde luego, que las circunstancias específicas de cada región no sean importantes, sino que no hay que perder de vista que existe un contexto social, político y económico que produce y reproduce la violencia.

Esta visibilización mediática de la noticia hace que el feminicidio se incorpore al orden de lo sensible sin ponerlo nunca en cuestión.Los medios, además de servirse del sentido común, lo producen.

El sentido común es el conjunto de sentidos y valoraciones compartidos por la comunidad. Pienso que éste, dentro y fuera de los medios de comunicación, ocupa un lugar central en la configuración de los regímenes policíacos. Aquí nos servirán algunas nociones propuestas por M. Bajtín para el análisis del discurso. Una de ellas es la de la palabra ajena. La palabra ajena es el material con el cual se forman las conciencias individuales y por lo tanto el material de los procesos de subjetivación. Es decir que la palabra ajena, que se presenta en múltiples discursos socio-.ideológicos, nos dice quiénes somos y nos asigna los tiempos, espacios y actividades específicas, al mismo tiempo que nos excluye de otros. En eso que Bajtín llama el “proceso de formación ideológica del hombre”, la palabra ajena toma dos formas: puede ser palabra autoritaria o bien palabra intrínsecamente convincente. Nos interesa la palabra autoritaria. Se trata de una palabra preexistente, que está vinculada a la autoridad ya ha sido previamente sancionada, su estructura semántica está cerrada. Esta clase de palabra da lugar al autoritarismo, al tradicionalismo, al universalismo, a lo oficial, al poder político e institucional. El discurso del sentido común es una forma de la palabra autoritaria. Portador de eso que llamamos tradición, nos habla desde la autoridad anónima de lo que ha sido preservado en la historia y que ha adquirido la naturalidad del “se dice” e incluso del “todo el mundo dice”, a menudo pasa desapercibido y es sumamente difícil de cuestionar. Es uno de los mecanismos más importantes de reproducción de las diversas formas de exclusión que constituyen nuestras sociedades y que confirman los espacios, tiempos y actividades que se nos asignan como sujetos singulares. Volviendo a los feminicidios de Juárez,lo que Marisela Ortiz llama el discurso oficial o de Estado que culpa a las propias víctimas o a sus familiares de los asesinatos, y que se dice en frases como “seguramente era prostituta” o “era una niña desatendida”, sólo por mencionar algunas, es precisamente una muestra del funcionamiento de esa palabra autoritaria que se llama sentido común…